La Ley General de Sociedades N° 19.550 regula distintos tipos societarios, cada uno con un régimen de responsabilidad y una estructura de gobierno propia:

• Sociedad Anónima (SA): capital dividido en acciones; la responsabilidad de los socios se limita al capital suscripto; requiere directorio y, en determinados casos, sindicatura.
• Sociedad Anónima Unipersonal (SAU): variante de la SA que admite un único socio; está sujeta a mayores controles, como la fiscalización estatal permanente y la sindicatura plural obligatoria.
• Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL): capital dividido en cuotas, con un máximo de 50 socios; responsabilidad limitada al capital aportado y administración más simple.
• Sociedad por Acciones Simplificada (SAS): creada por la Ley N° 27.349; permite constitución 100% digital, admite un único socio, capital social mínimo reducido y gran flexibilidad estatutaria.
• Sociedad Colectiva: los socios responden en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria por las deudas sociales; poco utilizada por el riesgo patrimonial que implica.
• Sociedad en Comandita Simple y por Acciones: combinan dos categorías de socios: comanditados, con responsabilidad ilimitada, y comanditarios, con responsabilidad limitada al capital aportado.
• Sociedad de Capital e Industria: un socio aporta el capital y otro únicamente su trabajo; este último responde solo hasta las ganancias no percibidas.
• Sociedades de la Sección IV (sociedades simples): comprenden sociedades no constituidas conforme a los tipos previstos o con elementos incompletos; son plenamente válidas y oponibles, con un régimen de responsabilidad simplemente mancomunada entre los socios.

En la práctica, la gran mayoría de las pymes y startups argentinas optan por la SRL, la SA o la SAS, ya que combinan responsabilidad limitada con distintos niveles de flexibilidad y costo.

La elección depende del tamaño del proyecto, el capital disponible y el grado de formalidad que se necesite:

• SRL: pensada para empresas familiares o pymes con pocos socios (hasta 50), donde la responsabilidad se limita al capital aportado y la administración es más simple.
• SA: recomendada para proyectos de mayor envergadura o que buscan atraer inversores, con capital dividido en acciones y una estructura de gobierno más formal (directorio, sindicatura).
• SAS: la opción más ágil para startups y emprendimientos, ya que se constituye de forma totalmente digital en 24 a 48 horas, con un capital social mínimo reducido y estatutos flexibles.

En los tres casos, la responsabilidad de los socios queda limitada al capital aportado, protegiendo su patrimonio personal frente a las deudas de la sociedad.

El trámite se realiza ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en CABA o la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) en la Provincia de Buenos Aires, e incluye:

• Reserva de nombre: verificamos que la denominación social esté disponible y la reservamos por el plazo legal.
• Instrumento constitutivo: redactamos el estatuto o contrato social, definiendo objeto, capital, órganos de administración y representación.
• Dictamen profesional y F185: un profesional certifica el cumplimiento de los requisitos legales y se completa el formulario correspondiente.
• Publicación e inscripción: publicamos el edicto en el Boletín Oficial cuando corresponde e inscribimos la sociedad, momento en que adquiere personalidad jurídica plena.

Según el tipo societario y el organismo, el trámite completo puede demorar desde 24-48 horas (SAS) hasta varias semanas (SA o SRL por la vía tradicional).

Un Programa de Integridad es el conjunto de políticas y procedimientos internos destinados a prevenir, detectar y corregir actos de corrupción, en los términos de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria N° 27.401. Sus elementos centrales son el código de ética, la evaluación de riesgos, los canales de denuncia confidenciales y las capacitaciones al personal y a terceros. Si bien no es obligatorio para todas las empresas, resulta un requisito para contratar con el Estado nacional en determinados supuestos (contratos de gran envergadura, concesiones de servicios públicos), y funciona además como eximente o atenuante de responsabilidad penal si la empresa es acusada de un delito de corrupción.

Existen distintas vías según la gravedad del conflicto y el objetivo perseguido:

• Negociación e intermediación: en la mayoría de los casos, un acuerdo entre partes permite resolver diferencias sin llegar a instancias judiciales.
• Impugnación de resoluciones asamblearias: si una decisión de la asamblea o el directorio viola la ley, el estatuto o el reglamento, los socios afectados pueden solicitar judicialmente su nulidad dentro de los plazos legales.
• Exclusión o receso del socio: ante un incumplimiento grave es posible promover la exclusión de un socio, o bien el socio disconforme puede ejercer su derecho de receso.
• Disolución y liquidación: cuando el conflicto hace imposible la continuidad de la sociedad, corresponde iniciar su disolución y liquidación.

El juicio ejecutivo es una vía judicial abreviada pensada para el cobro de deudas respaldadas por un título que trae aparejada ejecución, es decir, que por sí solo acredita la existencia y exigibilidad de la obligación. Los títulos más habituales son los pagarés, los cheques rechazados y los contratos con firma certificada. A diferencia de un juicio ordinario, las defensas que puede oponer el deudor están limitadas por ley, lo que agiliza sustancialmente el proceso. Obtenida la sentencia de trance y remate, se puede avanzar con el embargo de bienes y, si es necesario, su remate judicial para hacer efectivo el cobro.

Ambos son procesos concursales regulados por la Ley N° 24.522, pero responden a objetivos distintos. El concurso preventivo lo solicita el propio deudor en cesación de pagos, con el fin de reorganizar sus deudas y alcanzar un acuerdo con los acreedores (quita, espera o ambas) que le permita continuar con su actividad. La quiebra, en cambio, implica la liquidación total del patrimonio del deudor para satisfacer a los acreedores según el orden de privilegios legal, y procede cuando no es posible o no se logra un acuerdo preventivo, o ante determinados incumplimientos. En ambos casos, la apertura del proceso suspende las acciones individuales de los acreedores y ordena la verificación de créditos, garantizando un tratamiento igualitario entre quienes concurren a cobrar.