Para que un contrato tenga fuerza de ley entre las partes, debe reunir ciertos elementos esenciales de validez:

• Consentimiento: La manifestación libre de la voluntad de las partes para obligarse, exenta de vicios como el error, el dolo o la violencia.
• Capacidad legal: Los firmantes deben tener la aptitud legal para ejercer sus derechos y contraer obligaciones (ser mayores de edad y no estar declarados incapaces).
• Objeto lícito: La prestación u obligación del contrato debe ser determinada, material y jurídicamente posible, lícita y acorde a la moral y buenas costumbres.
• Causa: El fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que guió a las partes a celebrar el acuerdo.
• Forma probatoria: Aunque rige el principio de libertad de formas, ciertos acuerdos requieren la forma escrita o escritura pública (como la compraventa de inmuebles) para ser plenamente ejecutables ante terceros o en tribunales.

Frente al quiebre de lo pactado por una de las partes, el ordenamiento jurídico civil otorga herramientas específicas para resguardar tu patrimonio:

• Intimación en mora: El primer paso es remitir una intimación fehaciente (Carta Documento) otorgando un plazo perentorio para que la otra parte cumpla su obligación.
• Exigir el cumplimiento forzado: Demandar judicialmente para obligar al deudor a cumplir estrictamente con lo prometido.
• Resolución por incumplimiento: Optar por extinguir el contrato ante el incumplimiento de la otra parte (cláusula comisoria), liberándote de tus obligaciones pendientes y exigiendo la devolución de lo entregado.
• Cláusula Penal y Daños: Si el contrato preveía una cláusula penal, se puede ejecutar de forma directa como indemnización tarifada; de lo contrario, se demanda la reparación plena de los daños y perjuicios ocasionados.
• Rescisión anticipada: Es la extinción del contrato sin que medie incumplimiento, ya sea de forma bilateral (por mutuo acuerdo) o unilateral, siempre que esta facultad esté pactada en el texto o autorizada por ley (como en los contratos de locación).

Ante un siniestro vial, es fundamental actuar con rapidez para resguardar tus derechos y asegurar la reparación de los daños materiales y físicos:

• Intercambio de datos: Solicita al otro conductor su nombre completo, DNI, teléfono, patente del vehículo y el nombre exacto de su compañía de seguros.
• Pruebas fotográficas: Toma fotografías nítidas de los daños de ambos vehículos, de las patentes, de la documentación de la otra parte y del lugar del hecho (cruces, marcas de frenado).
• Testigos: Si hubo personas que presenciaron el accidente, pídeles su nombre completo y teléfono; su declaración es un elemento clave ante las aseguradoras.
• Obligación del asegurado: Debes realizar de forma obligatoria la denuncia del siniestro ante tu propia compañía de seguros dentro de las 72 horas hábiles del accidente.
• Casos con lesionados: Si hay heridos, llama inmediatamente a emergencias, realiza la denuncia policial correspondiente y resguarda copia de todas las constancias médicas de atención de urgencia.

La prescripción adquisitiva varía sustancialmente según la documentación y las circunstancias de la posesión:

• Prescripción breve (10 años): Requiere que el poseedor cuente de forma concurrente con un "justo título" (un acto jurídico con condiciones de transmitir el dominio pero con defectos de forma) y "buena fe".
• Prescripción larga (20 años): Se aplica cuando no se posee ningún tipo de título previo. Exige acreditar la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida del inmueble o vehículo durante dos décadas, demostrando el animus domini mediante el pago periódico de tasas, realización de mejoras estructurales, planos de mensura y mantenimiento general.

Para iniciar un proceso sucesorio se requiere la presentación del Acta de defunción del causante, partidas que acrediten los vínculos familiares y los títulos de propiedad de los bienes que componen el acervo hereditario. Respecto a los activos financieros y previsionales, la ley distingue tres situaciones críticas:

• Plata en cuenta (Cuentas bancarias): Al tomar conocimiento del fallecimiento, los bancos bloquean inmediatamente las cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos. Estos fondos forman parte de la sucesión y se debe ordenar judicialmente un oficio electrónico al banco para transferir el dinero a una cuenta judicial a nombre del proceso sucesorio para su posterior distribución legal.
• Seguros de Vida: El capital derivado de un seguro de vida NO forma parte del acervo hereditario. Conforme establece la Ley de Seguros N° 17.418, este dinero corresponde de forma directa y exclusiva a los beneficiarios designados en la póliza, quienes pueden cobrarlo directamente ante la compañía por vía administrativa, sin esperar la declaratoria de herederos.
• Beneficio jubilatorio (Haberes devengados en ANSES): Los haberes de jubilación o pensión pendientes de cobro al momento de fallecer (incluyendo el proporcional del aguinaldo), pueden ser reclamados directamente ante ANSES por vía administrativa simplificada (trámite de "Haberes Devengados") por el cónyuge, conviviente o hijos con derecho a pensión. De no existir derechohabientes previsionales, los fondos sí deberán incluirse dentro del juicio sucesorio.

Al iniciar una demanda (o incluso antes, como medida preparatoria), es posible solicitarle al juez medidas urgentes para asegurar que el demandado no oculte bienes o altere la situación de hecho mientras dura el juicio. Para que sean otorgadas, deben demostrarse judicialmente tres requisitos: la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y brindar una contracautela (garantía que responde por eventuales daños). Las medidas más frecuentes son:

• Embargo preventivo: Congela bienes específicos (fondos bancarios, inmuebles, vehículos) vinculándolos directamente al resultado del juicio.
• Inhibición general de bienes: Bloquea de forma general la capacidad del deudor de vender o gravar cualquier bien registrable que esté o ingrese a su nombre cuando no se conocen bienes específicos.
• Anotación de litis: Asienta en el registro correspondiente que el bien inmueble o mueble registrable es objeto de un litigio judicial para alertar a terceros.
• Secuestro de bienes: Desapoderamiento físico de un objeto mueble específico en disputa para resguardar su estado de conservación.
• Prohibición de innovar y de contratar: Órdenes judiciales que imponen la obligación de mantener inalterable el estado de hecho o de derecho de las cosas o impiden celebrar contratos sobre determinados bienes.

El plazo de resolución judicial depende de la vía procesal adoptada (juicio sumarísimo u ordinario) y de las defensas que interponga el ocupante. En nuestro estudio ejecutamos una estrategia previa de intimación fehaciente por carta documento y mediación obligatoria para instrumentar convenios de desocupación rápidos y homologados, reduciendo los tiempos al mínimo. Si el desalojo debe resolverse en tribunales, activamos las medidas cautelares de desocupación inmediata bajo fianza contempladas en las leyes procesales para restituir la tenencia del inmueble a su dueño legítimo a la mayor brevedad.

La Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 protege a toda persona que adquiere bienes o servicios para su consumo final, otorgándole herramientas concretas frente a incumplimientos del proveedor:

• Garantía legal: Todo producto nuevo tiene una garantía legal mínima de 6 meses (3 meses si es usado), durante la cual el vendedor debe reparar el defecto sin cargo; si la reparación no resulta satisfactoria, el consumidor puede exigir la sustitución del producto, la devolución de lo pagado o una quita proporcional del precio.
• Publicidad engañosa: Las condiciones ofrecidas en la publicidad, folletos o exhibición en vidriera integran el contrato y obligan al proveedor, aun cuando no consten en la factura o el ticket de compra.
• Reclamo administrativo previo: Antes de acudir a la Justicia, es posible presentar una denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor local o iniciar el COPREC (Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo), una instancia conciliatoria previa, obligatoria y gratuita para reclamos de menor cuantía.
• Daño punitivo: Cuando el proveedor actúa con grave desinterés por los derechos del consumidor, el juez puede imponerle una multa civil adicional a favor del damnificado, independiente de la indemnización por el daño sufrido.

La prescripción liberatoria extingue la posibilidad de reclamar judicialmente un derecho por el transcurso del tiempo sumado a la inacción del acreedor. El Código Civil y Comercial establece un plazo genérico y plazos especiales según la naturaleza del reclamo:

• Plazo genérico (5 años): Se aplica a todo reclamo cuyo plazo no tenga una previsión especial distinta en la ley, como las deudas comerciales o civiles comunes documentadas.
• Responsabilidad civil (3 años): El reclamo de indemnización por daños derivados de un hecho ilícito o de un incumplimiento contractual prescribe a los tres años desde que el daño es conocido por el damnificado.
• Relaciones de consumo (3 años): Las acciones judiciales derivadas de la Ley de Defensa del Consumidor también prescriben a los tres años, computados desde que la obligación se torna exigible.
• Interrupción y suspensión: El plazo se interrumpe (y vuelve a contarse desde cero) con la interposición de la demanda o el reconocimiento de la deuda por el propio deudor, y se suspende, entre otros supuestos, durante la tramitación de la mediación previa obligatoria.

Ante un mismo hecho dañoso, la indemnización puede integrarse por distintos rubros que responden a lógicas jurídicas diferentes:

• Daño patrimonial (o material): Comprende el daño emergente (los gastos y pérdidas efectivamente sufridas, como reparaciones o gastos médicos) y el lucro cesante (las ganancias que la víctima dejó de percibir a causa del hecho).
• Daño moral: Repara el padecimiento espiritual, la angustia o el sufrimiento que el hecho provoca en la víctima, con independencia de que exista o no un perjuicio económico probado; su cuantificación queda librada a la prudencia judicial según la gravedad del hecho.
• Daño punitivo: A diferencia de los anteriores, no busca reparar un perjuicio sino sancionar ejemplarmente a quien actuó con grave menosprecio de los derechos ajenos; sólo procede en relaciones de consumo y su monto lo fija el juez de forma independiente al resto de la indemnización.

Desde fines de diciembre de 2023, el DNU 70/2023 derogó la Ley N° 27.551 y devolvió la regulación de los contratos de locación al Código Civil y Comercial, ampliando de forma considerable la libertad contractual entre locador y locatario:

• Plazo del contrato: Ya no existe un plazo mínimo obligatorio; las partes pueden pactar la duración que prefieran. Si nada se establece, se presume un plazo de 2 años para inmuebles con destino a vivienda y de 3 años para los restantes destinos.
• Moneda y ajuste: El alquiler puede pactarse en pesos o en moneda extranjera, y las partes son libres de elegir el índice de actualización (IPC, ICL, UVA u otro) y su periodicidad.
• Depósito de garantía: Ya no rige un tope legal sobre su monto; en la práctica del mercado suele pactarse entre 1 y 2 meses de alquiler.
• Contratos anteriores: Los contratos firmados antes del 29 de diciembre de 2023 continúan rigiéndose por la Ley N° 27.551 hasta su finalización.

Te recomendamos revisar cada cláusula antes de firmar, ya que gran parte de las condiciones que antes fijaba la ley hoy dependen exclusivamente de lo que las partes acuerden por escrito.

El boleto de compraventa es el instrumento privado mediante el cual comprador y vendedor se obligan recíprocamente a celebrar la escritura traslativa de dominio; genera obligaciones plenamente exigibles entre las partes, aunque por sí solo no transmite la propiedad del inmueble.

• Seña o anticipo: El monto entregado al firmar puede pactarse como seña penitencial (permite arrepentirse perdiendo o devolviendo el doble de la seña) o como principio de pago; esta cláusula debe quedar expresamente definida para evitar conflictos posteriores.
• Riesgos antes de escriturar: Mientras no se inscriba la escritura en el Registro de la Propiedad, el comprador queda expuesto a que el vendedor grave o venda el mismo inmueble a un tercero, o a embargos e inhibiciones que recaigan sobre el titular registral.
• Protección del comprador: Es recomendable verificar previamente el estado de dominio con un informe registral actualizado, y avanzar con la mayor celeridad posible hacia la escritura pública para consolidar la oponibilidad del derecho frente a terceros.